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Actividades extractivas en México: estado actual 2016

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En el documento “Anuario de industrias extractivas: Situación actual 2016″, investigadores de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, CartoCrítica, Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH), Corason y consultores independientes, presentan un panorama sobre la situación de la actividad extractiva y sus implicaciones e impactos para los territorios en México.

 

Este Anuario analiza el contexto en el que México está orientando sus políticas públicas hacia las inversiones en el sector energético y minero a costa del incremento de los impactos socioambientales en los territorios y en la población.

En cuanto a la Reforma Energética, la investigación muestra que pone en condiciones de vulnerabilidad a las comunidades y territorios, al haberse incluido figuras jurídicas que, como la servidumbre legal, privilegian los intereses de las empresas sobre la garantía de los derechos humanos. Además, los planes del gobierno para intensificar la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica suponen un riesgo adicional para las poblaciones, el medio ambiente y el clima, y no representan una opción energética de futuro.

Al respecto, Aroa de la Fuente, investigadora de Fundar, apuntó que “aunque la contribución de la extracción de petróleo ha representado históricamente una importante contribución a los ingresos públicos y, en 2016 aún representó 16% de los mismos, este no puede seguir siendo el argumento utilizado para impulsar esta actividad por encima de los derechos de las personas y comunidades”.

Por otro lado, el Anuario incluye información sobre los nuevos actores privados que han entrado al juego como parte de las cuatro primeras licitaciones de la Ronda Uno. De tal forma que, para 2016, se habían entregado 38 áreas a través de contratos a 33 consorcios en los que participaron 48 empresas.

Sobre este tema, Omar Escamilla, investigador del sector energético, señaló que “uno de los aspectos más preocupantes es la participación de algunas empresas en las rondas de licitación de hidrocarburos realizadas hasta ahora, debido a sus historiales de corrupción, violaciones a derechos humanos y degradación ambiental. En la investigación encontramos que algunas empresas tienen vínculos con políticos y grandes empresarios mexicanos, así como con exfuncionarios del gobierno mexicano”.

Respecto al sector minero, el documento ahonda en la escasa contribución que hace la minería a las finanzas públicas, esto es, alrededor de 0.32 % de los ingresos del Gobierno Federal y 0.24 % de los del sector público presupuestario, en comparación con los impactos a la salud, agua y biodiversidad que genera. Una muestra de ello es que, para el año 2015, había 1,609 concesiones en áreas naturales protegidas (ANPs), una práctica permitida por la legislación en la materia.

Por otra parte, existen mecanismos que se han conformado con el objetivo de “compensar” los impactos y garantizar condiciones más justas para las comunidades donde se desarrollan proyectos extractivos, pero que cuya efectividad está bajo cuestión. Al respecto, el fondo minero ha recibido 4,282.5 millones de pesos para los años 2014 y 2015, y el Fondo para Entidades y Municipios Productores de Hidrocarburos 7,480.7 millones en 2015 y 2016.

Beatriz Olivera, investigadora de Fundar, señaló que “para ambos fondos, existe incertidumbre en el impacto que tienen a nivel local y sobre si los proyectos están siendo realmente implementados para atender de alguna manera las afectaciones socio-ambientales que generan las actividades extractivas. Encontramos vacíos importantes en la información disponible sobre estos fondos, por lo cual es urgente que sean presentados bajo estricta transparencia.

Finalmente, el documento presentado destaca la contribución de la actividad extractiva de minerales e hidrocarburos a las emisiones de los gases que generan el calentamiento global, así como los daños que conllevan en los territorios y poblaciones, disminuyendo sus posibilidades de enfrentar los efectos del mismo. En este sentido, Mariana Castillo, coordinadora de investigación del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) señaló la importancia de que los países de la región avancen hacia modelos de desarrollo de bajo carbono, resilientes al clima.

También apuntó que el reto para México está en establecer las condiciones nacionales necesarias para cumplir con las metas establecidas en el Acuerdo de París y en las contribuciones nacionalmente determinadas. Sin embargo, señaló que “estas metas no podrán alcanzarse si los países siguen basando su desarrollo en actividades extractivas, tales como la explotación y quema de hidrocarburos.”

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Portada


Resumen para medios

  1. Presencia de las actividades extractivas en el país
  • La reforma energética significó un parteaguas en el sector hidrocarburos del país, con la Ronda cero, la Sener otorgó a Pemex 108 títulos de asignación petrolera para exploración y extracción de hidrocarburos, amparando cerca de 90 mil km2 del territorio nacional. Estas asignaciones le otorgaron a Pemex 83 % del total de las reservas probadas y probables de hidrocarburos.
  • Con la Ronda Uno se licitaron 4.9 % de los recursos prospectivos y 9.5 % de las reservas 2P de los recursos disponibles en control del Estado.
  • Hasta 2016, se habían entregado 38 áreas a través de contratos a 33 consorcios en los que participaron 48 empresas en las cuatro licitaciones de la Ronda Uno.
  • La participación de algunas de estas empresas despierta preocupación, debido a sus historiales de corrupción, violaciones a derechos humanos y degradación ambiental, mientras que otras tienen vínculos con políticos y grandes empresarios mexicanos, así como con exfuncionarios, como se presenta en el siguiente Cuadro.
Empresa Antecedentes
Talos EnergyConstituida a través de los fondos de inversión Riverstone Holdings Llc. y Apollo Global Management.Riverstone, a su vez tiene una asociación con Carlyle Group una firma de inversión estadounidense dedicada a los sectores aeroespacial, telecomunicaciones, energía y defensa para el gobierno. Catalogada en 2014 y 2015 como la firma privada de inversión más importante del planeta. Carlyle Group tuvo como empleado a Luis Téllez quien fue Secretario de Energía durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), Secretario de Comunicaciones y Transportes durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012) y, actualmente, consejero de Sempra Energy y del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED).En 2009, tanto Riverstone como Carlyle Group fueron acusadas por el procurador general de Nueva York de corrupción y sobornos por utilizar fondos de los trabajadores pensionados del estado de Nueva York e invertirlos en negocios energéticos.
Premier OilCon sede en el Reino Unido y operaciones petroleras en países de Asia, Europa y América Latina. Aunque surgió en 1934, su perfil como empresa extractiva es muy discreto. El estado argentino entabló una demanda contra Premier y otro grupo de empresas, que en la actualidad continúa resolviéndose. Además, durante la década del 2000 se le acusó de financiar la dictadura del gobierno de Birmania, además de causar afectaciones sociales y ambientales en ese país.
Sierra Oil & Gas.Su capital está conformado por los fondos de inversión estadounidense Riverstone Holdings Llc. Su tercer socio es BlackRock, que cuenta con 14.2 % del capital de Sierra. Antes de ser adquirido por BlackRock, en junio de 2015, el presidente de este fondo era Jerónimo Marcos Gerard Rivero, hermano de la actual esposa del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Fue justamente durante la presidencia de Salinas de Gortari (1988-1994) cuando se llevó a cabo la primera reforma para que Pemex pudiera asociarse con entidades privadas y construir sociedades en el extranjero. Gerald Rivero también es hermano de la esposa de José Antonio Gonzáles Anaya, el actual director general de Pemex.
British Petroleum (BP)Una de las mayores productoras de petróleo en el mundo, con presencia en más de 70 países. Entre los principales inversionistas de BP se encuentra de nueva cuenta BlackRock, el gobierno de Noruega, mediante su fondo de inversión Norges Bank Investment Management y el fondo soberano de Kuwait, Kuwait Investment Office. La historia de BP en la industria internacional de hidrocarburos está marcada por una serie de demandas por corrupción en la asignación de contratos, contaminación ambiental y supuesto financiamiento a grupos armados en algunos de los países donde tiene presencia.
Eni S.p.A.Compañía con sede en Italia y presencia en más de 83 países que se dedica a la producción, exploración, refinación y comercialización de gas y petróleo.Está catalogada en el puesto 409 dentro de las “compañías públicas más grandes del planeta” según Forbes. Los episodios de corrupción y contaminación ambiental de Eni comenzaron en 2011, cuando junto con Shell, llegaron a un acuerdo con el gobierno nigeriano para pagar 1.1 mil millones de dólares por los derechos de la concesión del campo petrolero OPL 245.31. Según las evidencias recabadas por un tribunal de Nueva York y la Fiscalía General de Nigeria, tanto Eni como Shell fueron conscientes de que el dinero pagado por los derechos para extraer hidrocarburos en Nigeria era transferido a la empresa de Dan Etete. En febrero de 2014, la Cámara de Representantes de Nigeria solicitó la cancelación del acuerdo con Shell y Eni condenándolas por falta de transparencia y prácticas de corrupción.
PetrobalConformada en marzo de 2015 con el objetivo de participar en los negocios de la Reforma Energética. Es una subsidiaria del Grupo Bal, el cual es un holding de empresas con negocios en la minería, Industria Peñoles y Fresnillo, ventas al menudeo –Palacio de Hierro– y seguros –Profuturo, GNP– y a Valmex. Grupo Bal es propiedad de Alberto Bailléres, el segundo hombre más rico de México El actual director general de Petrobal, Carlos Morales Gil, fue hasta 2014 director general de Pemex Exploración y Producción (PEP). En 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación contra Morales Gil por una probable asignación irregular de casi 40 mil millones de pesos a la empresa Oceanografía, mientras era director de PEP. Otra de las personas ligadas a Baillères e involucrada en el sector energético mexicano es el actual rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Arturo Fernández Péres, quien, en 2014, fue designado consejero independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), pero renunció al cargo en febrero de 2015.Otro directivo de Grupo Bal que fue nombrado en 2014 consejero independiente del Consejo de Administración de Pemex es Jaime Lomelí, cuya designación –junto con la de Fernández Pérez en el FMPED y Carlos Morales Gil como presidente de Petrobal– es un indicador del acceso a información privilegiada y el poder que tienen las empresas de Alberto Bailléres sobre la industria mexicana de los hidrocarburos.

 

  • 3 % de la superficie terrestre que la Sener contempla adjudicar para la exploración y extracción de hidrocarburos corresponde a regiones dentro de los territorios de pueblos indígenas del país. Los pueblos tepehua, huasteco, náhuatl y totonaca verán impactada aproximadamente la mitad de sus territorios.
  • El gobierno contempla entregar 150 bloques para exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales a través de Fracking superficie total de 42,964 km de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla. Los planes indican que la primera licitación para este tipo de hidrocarburos se abrirá en el primer semestre de 2017.
  • México cuenta con seis refinerías envejecidas que producen 35 % menos petrolíferos que hace dos décadas. Actualmente 59 % de la gasolina y 56 % del diésel que se utiliza en el país es importado, cuando hace veinte años solo había necesidad de importar 14 % de la gasolina. Paradójicamente, la producción de petróleo crudo solo ha disminuido 20 % en el mismo periodo.
  • Respecto al sector minero, para 2016, existían 25,178 concesiones y 885 proyectos mineros, de los cuales el 65.3 % eran operados por empresas canadienses, 13.2 % por las estadounidenses con y 9.2 % por mexicanas.
  • Las concesiones mineras que se otorgan en el país tienen una vigencia de 50 años, prorrogables a otros 50 años más.
  • Para el año 2013, había 1,281 concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas, mientras que, para 2015, el número se había incrementado a 1,609.
  • El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU documentó 61 casos de abusos de derechos humanos perpetrados por el Estado o empresas en México. De estos, 17 casos involucran afectaciones al medioambiente y a la tierra y el territorio causados por la industria minera.
  1. Impacto de las actividades extractivas en las finanzas públicas
  • Los ingresos del petróleo representaron en 2016 16% de los ingresos del sector público presupuestario.
  • En comparación, la contribución de la minería es ínfima y, en 2016, pese a la inclusión de nuevos derechos que gravan esta actividad en la Reforma Hacendaria de 2013, significó 0.32 % de los ingresos del Gobierno Federal y 0.24 % de los del sector público presupuestario.
  • El Producto Interno Bruto (PIB) de hidrocarburos fue 5.3 % 2016 y el PIB de la exploración y extracción de minerales tan solo 0.9 %.
  1. Fondo para Entidades y Municipios Productores de Hidrocarburos y Fondo Minero para el Desarrollo Regional Sustentable
  • El fondo minero ha recibido 4,282.5 millones de pesos para los años 2014 y 2015 y el Fondo para Entidades y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEMPH) 7,480.7 millones en 2015 y 2016.
  • En ambos casos hay aún muchas interrogantes sobre el impacto que estos fondos tienen a nivel local, cómo se están tomando las decisiones para usar los recursos, si los proyectos están siendo realmente realizados o si responden a los fines para los que los fondos fueron creados de atender las afectaciones sociales y ecológicas que generan estas actividades.

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